El juez de la Corte Suprema brasileña, José Antonio Dias Toffoli, ha tomado una decisión que ha sacudido los cimientos de la política brasileña al anular las pruebas en contra de Lula da Silva, líder del Partido de los Trabajadores (PT), obtenidas en el marco de la Operación Lava Jato. Este acontecimiento ha reabierto el debate sobre la desconfianza en las instituciones y el concepto de «lawfare» (guerra judicial) en Brasil, del cual Lula alega ser víctima.
Toffoli, argumentando razones procesales, calificó como «ilegales y heterodoxas» las pruebas utilizadas por el exjuez federal Sergio Moro para condenar a Lula por corrupción. Esta decisión, que provocó controversia y agitación en la sociedad, tuvo un profundo impacto en el escenario político previo a las elecciones presidenciales de 2018.
El Giro Sorprendente de Días Toffoli
Dias Toffoli, quien mantuvo una estrecha relación con Lula da Silva durante las primeras campañas presidenciales, se distanció de él después de ser nombrado miembro de la Corte Suprema en 2009. Durante el escándalo de la Operación Lava Jato, apoyó la prisión de Lula, incluso a pesar de cuestionar los métodos de Moro y los fiscales. Toffoli le negó a Lula la posibilidad de comunicarse telefónicamente desde la prisión y asistir a funerales de familiares, acciones poco comunes para otros presos. Además, se acercó al entonces presidente Jair Bolsonaro, quien capitalizó la indignación pública a pesar de las acusaciones de corrupción que rodeaban a su partido.
Sin embargo, tras la anulación de la causa contra Lula en 2021 y su regreso a la política, Toffoli cambió radicalmente de postura. Anuló las declaraciones de Marcelo Odebrecht, un ejecutivo clave en el caso, en un intento por reconciliarse con Lula y cerrar la brecha que los separaba.
Efecto Dominó en la Operación Lava Jato
La Operación Lava Jato destapó sobornos de empresas constructoras brasileñas, incluida Odebrecht, a funcionarios de varios países de América Latina, incluyendo Argentina. Sergio Moro, el exjuez federal y ministro de Justicia de Bolsonaro, lideró esta investigación, pero renunció después de que se revelaran mensajes que indicaban una conspiración con impuestos para encarcelar a Lula. La Corte Suprema también lo declaró «parcial».
Dias Toffoli demostró que las pruebas obtenidas de las confesiones de ejecutivos en el marco de un acuerdo de colaboración firmado en 2017 por Odebrecht eran «inutilizables» debido a «irregularidades» en su obtención. Esta decisión plantea interrogantes sobre el futuro de otras causas basadas en testimonios de ejecutivos que buscaron reducir sus condenas mediante colaboraciones similares.
Este impacto se extiende a los partidos políticos que recibieron financiamiento de estas empresas y plantea dudas sobre la seguridad jurídica en Brasil. La decisión de Toffoli se interpreta como un reconocimiento de la posibilidad de que se haya utilizado «lawfare» para marginar a Lula de la competencia electoral.
