En un anuncio rodeado de figuras sindicales, Máximo Kirchner y otros líderes del partido oficial, el Ministro de Economía, Sergio Massa, reveló que aquellos que ganen menos de $1.779.000 mensuales estarán exentos del Impuesto a las Ganancias. La coincidencia con el mes de octubre, el mes de las elecciones presidenciales, no pasó desapercibida y generó ciertas suspicacias sobre la motivación detrás de la medida.
Un Anuncio Oportuno
La decisión entrará en vigor en octubre, lo que ha llevado a algunas voces críticas a preguntar por qué no se implementó antes, como por ejemplo, hace un año, cuando el actual candidato asumió virtualmente el cargo de presidente.
Massa destacó que esta medida supondrá «mejoras de hasta un 21% en sus bolsillos» y bromeó con los sindicalistas, instándoles a gastar en bienes locales en lugar de comprar dólares.
La decisión se implementará inicialmente mediante un decreto, para luego ser enviada como proyecto al Congreso.
Impacto en la Población
De acuerdo con el límite de $1.770.000, aproximadamente unas 90.000 personas serían alcanzadas por esta medida, ya que perciben un ingreso mensual superior a esa cifra.
Desafíos para los Productores Agropecuarios
Sin embargo, esta exención no se aplicará a la mayoría de los productores agropecuarios, a menos que opten por una peculiar solución: convertirse en empleados de sus propias empresas.
Análisis Tributario del Sector Agropecuario
Mariano Echegaray, un experto en temas tributarios relacionados con el agro, para obtener una perspectiva sobre esta decisión. Según Echegaray, esta medida beneficia únicamente a los asalariados y deja fuera de consideración a una gran parte del sector productivo del país: los trabajadores autónomos. Recordando que el 84% de las empresas vinculadas al sector agropecuario son autónomas, se hace evidente que quedan sujetas a una escala y deducciones tributarias que, en medio de una alta inflación, resultan en el pago de impuestos sobre ingresos que no son ganancias reales, sino más bien fondos necesarios para subsistir.
Esta discriminación tributaria plantea una paradoja en la que los empresarios se ven incentivados a estructurar sus empresas de manera que puedan aprovechar los beneficios de ser empleados de sus propias compañías.
