El fiscal Guillermo Marijuan, a cargo de la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos relativos a la Seguridad Social (UFISeS), ha enviado una solicitud urgente a los 24 mandatarios de Argentina. En el oficio, insta a las autoridades provinciales y al gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a proporcionar de inmediato la base de datos completa de sus empleados. La razón detrás de esta solicitud es la sospecha de que algunos trabajadores están recibiendo el beneficio del Programa Potenciar Trabajo de manera irregular, sin cumplir con los requisitos de vulnerabilidad establecidos por las normativas del programa.
Potenciar Trabajo: ¿Quiénes Deben Ser Beneficiarios?
El Programa Potenciar Trabajo está destinado a personas en situación de alta vulnerabilidad social y económica, especialmente a trabajadores de la economía popular que no tienen los recursos necesarios para cubrir las necesidades básicas de sus familias y enfrentan dificultades personales o sociales para su inserción en el mercado laboral. El fiscal Marijuan sospecha que algunos empleados que no cumplen con estos criterios están recibiendo el beneficio.
Viajes al Extranjero y Movimientos Sospechosos
Marijuan ya había solicitado previamente a la ministra Victoria Tolosa Paz la cancelación de 159.919 beneficiarios del Potenciar Trabajo que, entre 2020 y la fecha, realizaron un total de 812.906 movimientos migratorios fuera del país. Estos movimientos incluyen viajes en cruceros, aviones, embarcaciones y ómnibus, así como viajes en vehículos particulares. Estos datos han levantado sospechas sobre la capacidad de ahorro y la situación financiera de estas personas, lo cual parece no concordar con la condición de vulnerabilidad necesaria para recibir el beneficio del programa.
Conclusiones y Acciones Futuras
La investigación de Marijuan destaca la necesidad de un escrutinio minucioso en la implementación del Programa Potenciar Trabajo en todas las provincias argentinas. La fiscalía está tomando medidas para garantizar que los recursos destinados a ayudar a los más necesitados se utilicen de manera justa y efectiva, excluyendo a aquellos que no cumplen con los criterios de vulnerabilidad. La transparencia y la responsabilidad en la administración de programas sociales son fundamentales para construir una sociedad más justa y equitativa.
